Expropiación de Repsol, nacionalización de YPF
Análisis de coyuntura
por Verónica Gago y Diego Sztulwark
Como es sabido, la semana pasada el
gobierno argentino envió al parlamento un proyecto de regulación de la entera
actividad hidro-carburífera nacional y la expropiación de acciones de Repsol
sobre la empresa YPF, hasta controlar el 51% entre el estado nacional y las
provincias petroleras, conservando la forma de una sociedad anónima. La medida
cuenta con un enorme apoyo político y social.
Secuencia
El 1 de marzo de este año la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner dio un largo y esperado discurso en ocasión de la
apertura de las sesiones legislativas. A sólo cuatro meses de haber
triunfado con un contundente 54% de los votos (sacando un 40% de diferencia
respecto de los partidos opositores)[1] se
habían acumulado ya una cantidad considerable de interrogantes sobre su gestión
derivados directa o indirectamente de la crisis global.
Un episodio trágico se había colado
inesperadamente por entre los pliegues de la retórica de la “nacionalización”
que venía en alza, entendida como la apuesta a delegar los servicios públicos
privatizados en manos de empresas locales. El accidente de un tren en Buenos
Aires disparó un gran descontento social, y el debate sobre la política
gubernamental de subsidios a empresas privadas concesionadas por el estado para
hacerse cargo del transporte público[2].
Ya desde fines del año 2011, en vistas
a la reelección presidencial, comenzaron a visualizarse una serie de
dificultades derivadas de la incapacidad para sostener la política de subsidios
a empresas públicas privatizadas, a fin de sostener la tarifa baja del
combustible, el transporte público, la energía eléctrica y el gas para el consumo
de hogares y empresas, en un contexto de alta inflación y fuga creciente de
dólares. Durante el verano las medidas del gobierno se orientaron al retiro
moderado de subsidios, al control de fuga de divisa, el bloqueo de la
repatriación de ganancias y el cierre masivo de importaciones.
Esa coyuntura
estuvo atravesada, también, por el conflicto social. Por un lado, el
agrietamiento de la relación con la conducción sindical (CGT) y, por otro, la
aparición de una nueva dinámica de conflictos provenientes de la resistencia a
mega-proyectos de desarrollo ligados a la minería a cielo abierto y al
monocultivo sojero. También algunas protestas articuladas por un descontento ante
el funcionamiento de los servicios públicos. En todo caso se trata de una serie
de dinámicas cuyo efecto más notable es el de hacer una contra-narración del discurso
del desarrollo.
En el citado discurso presidencial del
1 de marzo se anunció también la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
y se anularon topes y restricciones al control del crédito, se hizo público el
deseo oficial de poner un límite la negociación sindical en paritarias y se
subestimó la legitimidad del conflicto social en sus distintas variantes.
Se celebró la presencia del Juez Garzón, se ratificó el rumbo del país en
materia de derechos humanos y se anunció una ofensiva oficial en torno a la
soberanía de Malvinas.
Tras un proceso intenso de deliberación
oficial y negociaciones fallidas con Repsol, finalmente se anuncia la semana
pasada la “nacionalización” de YPF y su festejo en un acto partidario el
viernes último bajo la consigna ²unidos
y organizados².
El modo de ofensiva política del
discurso que reseñamos marca un “tempo” (la “secuencia”) que va de las
elecciones al anuncio de YPF. La interpelación ha tenido como eje a la juventud
militante[3], remarcando
un movimiento interior al peronismo, desplazando algunos viejos cuadros.
Proyecto
de nación
El proyecto de ley que la presidenta
envió al parlamento tiene dos grandes aspectos complementarios. Por un lado se
modifica la propiedad de las acciones de la empresa YPF y por el otro se
declara de “interés nacional” al conjunto de la actividad hidrocarburífera. Los
principales argumentos a favor de la nacionalización subrayan la necesidad de recuperar
el control de la exploración y explotación de recursos no renovables, estratégicos
para el desarrollo nacional (en la
medida en que afectan al total de las actividades económicas), concebido a
partir de variables tales como el abastecimiento de energía barata para el
mercado interno, dinamización de la industria, y el fortalecimiento de un
estado capaz de incidir cada vez más en el diseño el futuro económico del país.
El discurso oficial insiste en dos tópicos esenciales: que con medidas como
estas se deja atrás el dogmatismo privatista de los años 90, y que la
recuperación para el estado de un papel directivo de la empresa coloca a YPF en
línea con empresas como Petrobras (antes que PDVESA).
La nacionalización supone, al mismo
tiempo, una revisión de la historia del estado argentino. YPF, Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, creada por el presidente Irigoyen en las primeras
décadas del siglo XX fue una empresa pionera. Íntimamente ligada a una memoria
nacional y popular -realzada por el actual relato oficial- la empresa, junto a
Gas del Estado, garantizaron durante décadas el autoabastecimiento de petróleo
y gas, a la vez que participaron activamente de la financiación de la obra
pública nacional. Como núcleo (material y espiritual) del desarrollismo
nacional, su historia osciló entre las expectativas de hacer del estado el
motor estratégico del país y la firma de contratos con empresas internacionales
para operar la exploración y explotación de los recursos.
Con la llegada del peronismo al
gobierno en el año 1989, luego de la dictadura y del gobierno radical de
Alfonsín, el presidente Menem dispuso, en un contexto de heroicas resistencias militantes
pero con gran consenso social y enorme complicidad de la burocracia sindical, su
entera privatización. Por entonces, tras años de desidia y corrupción en las
empresas estatales, no fue difícil para el oficialismo argumentar, en lo
esencial, que el estado era ineficaz para la administración empresaria. La
venta de los activos públicos (teléfonos, aguas, transporte ferroviario,
correo, gas, petróleo, electricidad, etc.) dinamizó la década neoliberal
con la conformación de “un clima de negocios”. Junto a la apertura de las
importaciones y la convertibilidad peso-dólar, tales privatizaciones
sostuvieron, durante años, el impulso del llamado modelo neoliberal.
Repsol/YPF
La derrota del peronismo en manos de la
Alianza, en el año 99, la posterior crisis del 2001 y luego la sucesión de
gobierno provisionales y el gobierno de los Kirchner entre el año 2003 y 2011
no cambió demasiado la ecuación en esta materia. Hay que considerar que
los Kirchner gobernaban, durante el período menemista, una provincia petrolera
del sur del país, Santa Cruz, y desde ese lugar apoyaron fervientemente la
privatización de YPF.
Durante los primeros años del gobierno
de Néstor Kirchner, cuando se trataba de dejar atrás la crisis, sin nada que privatizar,
la alianza con el gobierno de España (de fuerte presencia en la captura de
empresas públicas privatizadas) fue una de las prioridades. Hasta que durante
los últimos años el propio Kirchner empezó a jugar con la idea de una “nacionalización”
de YPF.
En su período hubieron algunas
estatizaciones, como empresas de distribución de aguas, energía y correos, por
abierta desinversión y mala gestión. De
hecho, hace cinco años Kirchner había ideado una primera “nacionalización”,
logrando que Repsol ceda el 25% de las acciones de YPF a una empresa “nacional”
(Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, con sede en Europa), completamente
inexpertos en el negocio, pero aparentemente útiles para tomar un mayor control
de la actividad. Este sector de la empresa no fue tocado por al nacionalización
reciente.
La
expropiación
Para comprender el impacto de la
decisión basta con señalar a trazo grueso la encrucijada a la que se llegó
durante los últimos meses. YPF es la empresa más grande del país, con el
control directo el 30% de la actividad hidro-carburífera nacional. El año
pasado, para abastecer a precio barato los requerimientos energéticos de una
economía en movimiento, el gobierno debió importar energía por unos 9 mil
millones de dólares. Se estima que este año la importación debería sumar
4 mil millones más. En este marco el gobierno acusa a Repsol de desinversión en
exploración, de explotación irresponsable, de priorizar intereses de la empresa
en otros puntos del planeta descuidando las exigencias del mercado argentino, daños
ecológicos y fuga de cuantiosas ganancias.
El otro dato es que la Argentina es
considerada como la tercera detentadora de gas y petróleo no convencional. En
poder de YPF está el yacimiento Vaca Muerta en el que se estiman enormes
reservas de combustible. Sucede que para operar esa extracción hace falta una
inversión millonaria que ni Repsol ni el estado argentino parecen en
condiciones de afrontar. Además circuló una información publicada por el diario
Financial Times según la cual en el
momento del anuncio de la nacionalización Repsol intentaba vender YPF a la petrolera china Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec).
Las
expectativas y las críticas
Se destaca, en el proyecto que fue
aprobado hace dos días en el Senado en tiempo récord y que se estima que salga
muy pronto de diputados con forma de ley, lo siguiente:
-Una mayor injerencia del poder
político sobre la actividad hidro-carburífera. (La presidenta insistió en su
discurso que Argentina es el único país de América Latina que no controla sus
recursos naturales).
-La participación de las provincias
petroleras y el poder ejecutivo en la captura de la renta
petrolífera.
-Hay expectativas sobre el precio a
pagar por la expropiación de las acciones y por la convocatoria a inversiones
para afrontar un cambio de políticas energéticas. Las mayores expectativas son
las de una participación mayor de Petrobras. Pero no se descarta por el momento
la participación de empresas chinas y norteamericanas.
-Se discute el aparente cortoplacismo
de la medida. Que apremiados por la inflación y la necesidad de financiar
importaciones no haya un pensamiento estratégico a largo plazo de lo que se
pueda hacer recuperando la renta petrolera. Se discute también no haber
retomado el 100% de las acciones.
-Se plantea la necesidad de discutir el
sentido que se da al crecimiento y al desarrollo. Las próximas inversiones
serán más destructivas en términos socio-ambientales.
-Se debate la activación de una
nostalgia por un estado soberanista al servicio de una reorganización de las
cuentas y los negocios sin cambiar de fondo la idea de que la economía depende sobre
todo de un cálculo en relación al mercado mundial, y se descuida a mediano
plazo otras relaciones posibles entre naturaleza y beneficio económico.
-Desde
analistas cercanos al gobierno el mapa se dibuja entre las siguientes opciones:
incrementar la producción y exploración en los
yacimientos convencionales que Repsol había desatendido o acelerar esos
procesos en los codiciados yacimientos no convencionales, lo cual a su vez
supone otra opción: negociar con las mayores compañías petroleras o buscar
financiamiento bancario para realzar el rol del estado.
Reparación
No
es un dato menor que los primeros movimientos de trabajadores desocupados
surgieron en el interior del país, en los pueblos –del norte y del sur- que
vivían de la industria petrolera nacional. Los piquetes que surgieron entonces,
dijo Cristina Fernández, encontraron su definitiva reparación histórica con la
expropiación de YPF. De este modo, el gobierno vuelve a inscribir una de sus
medidas trascendentes en el ciclo abierto con las protestas sociales de
principio de siglo. Con el ánimo de insistir que el único horizonte posible era
la vuelta del estado como ²reparador², pero sin dejar de diferenciar el modo de
gestión que propone para YPF (junto a sectores privados) de la clásica
estatización.
[1] La formación del nuevo gabinete, conocido
el 10 de diciembre, no tuvo grandes novedades respecto del primer mandato a
excepción de la ratificación del poder que la presidenta decidió darle a un
grupo de la juventud políticamente organizada en torno al gobierno (agrupación La Cámpora, dirigida por su hijo Máximo
Kirchner). De allí surgen los nuevos cuadros que representan a la presidenta en
cada vez mas sitios claves de gestión y decisión política.
[2] El saldo fue de 51 muertos y más de quinientos heridos. A pesar de la
transferencia de recursos estatales vía subsidios, las condiciones habituales
del transporte público que liga a los barrios populares con sus fuentes de
trabajo en la ciudad son pésimas. El área de transporte del gobierno ya estaba
involucrada en causas judiciales importantes por corrupción. El argumento que cierta
intelectualidad ligada al gobierno esgrimió sostenía que el desborde del
transporte se debe a la recomposición del empleo (reformas de primer grado),
que esa reactivación del trabajo evidenciaba ahora la precariedad del
transporte y su necesidad de mejoramiento (como parte de un conjunto de reforma
de segundo grado). Lo decisivo es que frente a la catástrofe se reivindicaba que
la mayoría de los afectados eran trabajadores, beneficiados por el actual ciclo
económico. Las medidas del gobierno frente a la empresa fueron de intervención
temporaria por quince días, siendo renovada dos veces. Sin embargo no se
dispuso el cese de la concesión.
[3] El
subsecretario de Economía, quien lideró la expropiación, es un joven economista
de formación marxista, recientemente llegado al gobierno, y proveniente de la
militancia universitaria independiente.