#CristianFerreyraPresente - La década extractiva
Por Darío Aranda
Soja, minería, monocultivo de árboles y petróleo. Desalojos, fumigaciones, desmontes y tierra en pocas manos. Judicialización y represión sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Las corporaciones y los asesinatos en el campo profundo. Diez años que dejaron heridas.
El monocultivo de soja
abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 20
millones de hectáreas. La minería también fue por más: de 40 proyectos se pasó
a 600 (creció 1500 por ciento). Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman
el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales,
minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo
uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento,
concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la
bienvenida a las corporaciones. Balance de una década extractiva.
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia la soja ocupaba 12
millones de hectáreas (el 38 por ciento de las 25 millones de hectáreas
cultivadas).
En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56 por
ciento de la superficie cultivada. Llamada por técnicos y funcionarios de
manera eufemística: “Corrimiento de la frontera agropecuaria”.
La soja transgénica, con uso de glifosato, fue aprobada en marzo
de 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Gobierno de
Carlos Menen. El Estado no realizó estudios propios. Basó su aprobación en
informes de las propias empresas de agronegocios.
El Plan Estratégico Agroalimentario, gestado por el Ministerio
de Agricultura de la Nación ,
provincias, universidades y empresas, fue presentado por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner en 2011. Explicita la profundización del modelo: un
aumento del 60 por ciento de la producción granaria (llegar a los 160 millones
de toneladas) y un avance en la superficie sembrada: de 33 millones de
hectáreas actuales pretende llegar a las 42 millones.
No se avanzará sobre las grandes ciudades, sino sobre territorios
campesinos e indígenas.
El avance del agronegocios llega incluso a límites inesperados: en
Neuquén y Chubut ya se planifica soja y maíz transgénicos.
El uso de agrotóxicos alcanza, según un informe de los Médicos de
Pueblos Fumigados, a 300 millones de litros por año. Otras consecuencias: al
menos 200 mil familias expulsadas del campo, denuncia el Movimiento Nacional
Campesino Indígena (MNCI-VC). A su vez, datos del propia INTA confirman la
concentración de tierras: el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias
representa el 50 por ciento de la tierra. Y el 57 por ciento de las explotaciones
agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el tres por ciento. En Argentina
se da una reforma agraria, pero al revés: muy pocos tienen casi todo, muchos no
tienen casi nada.
En vísperas de los diez años de Gobierno, el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), el
Frente Nacional Campesino (FNC) y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar
(Fonaf) emitieron un comunicado conjunto (organizaciones con buenos niveles de
diálogo con el Gobierno): “Las organizaciones campesina e indígenas y de la
agricultura familiar vamos por lo que falta”.
“En los últimos diez años las políticas públicas a favor de los
sectores populares y de los mercados internos han brindado alivio a la
resistencia de las economías campesinas-indígenas pero aún falta. El gigantesco
avance de la frontera agropecuaria se acompañó de concentración de la tierra,
monocultivo de soja y la commoditización de nuestro campo”, afirma el
comunicado. Y describe la situación actual: “El desmantelamiento de la economía
nacional, la destrucción y concentración de la cadena de valor y del consumo
interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo de soja”.
Señalan
además que “hay muy buenas condiciones para dar un giro en la política” para
fortalecer al campesinado y promover otro modelo agropecuario, pero alerta que
“no es posible si no se cambian las reglas de juego, especialmente debe
legislarse sobre la función social de la tierra y a favor de la economía
popular”.
Destacan
diez puntos: “tierra, trabajo y dignidad en el campo”, frenar los desalojos,
política integral de tierras, fortalecer la producción campesina y la soberanía
alimentaria, repoblar el campo, limitar los agrotóxicos y una ley de semillas
que proteja las semillas nativas y criollas.
Monocultivo
de árboles
El
monocultivo de árboles (con iguales consecuencias que la soja) pasó de 600 mil
hectáreas en 1998 al doble (1,2 millones) en 2008. La Asociación Forestal
Argentina (AFOA) proyecta llegar, en 2018, a tres millones de hectáreas.
Misiones
concentra el 59 por ciento del monocultivo forestal. Le siguen Entre Ríos (11
por ciento), Buenos Aires y Corrientes (ambas con ocho por ciento).
Una
sola multinacional del sector (Alto Paraná) concentra el diez por ciento de la
tierra de Misiones (233 mil hectáreas). Y es el emblema del monocultivo en la
tierra colorada.
La
ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada por el Congreso en
noviembre de 2008. Hasta el 2018, como pedían las empresas nucleadas en AFOA.
Néstor
Kirchner recibió YPF ya privatizada (por Carlos Menem). En octubre de 2006, el
Congreso Nacional aprobó la Ley
26.154, que amplió los beneficios impositivos que ya tenían las petroleras y
gasíferas. También se renovaron las concesiones de yacimientos (por ejemplo,
Cerro Dragón). “En política hidrocarburífera, los últimos diez años fueron una
consolidación y profundización del neoliberalismo de la década del noventa.
Hubo renovación de concesiones y amplios beneficios para los actores
transnacionales, donde se les mantuvieron todos los amplios beneficios que
tenían”, afirmó Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur.
El
OPS señaló que la “estatización parcial” del YPF creó expectativas y pensaron
en la posibilidad de que sea un punto de inflexión. “El último año ha dado
señales claras de que se mantiene el modelo. La estatización sólo busca
disputar la renta, solucionar los problemas de déficit energético y se sigue
tratando como un commodity, sin cambio de concepción con respecto a la década
del noventa”, afirmó Di Risio.
No
duda que, al igual que con la soja, se experimenta un “corrimiento de la
frontera hidrocarburífera”. Muestra de eso: la Organización Federal
de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) estaba integrada por diez
provincias (las de tradición petrolera). Desde 2006, todas las provincias
restantes modificaron sus legislaciones para favorecer concesiones para la
exploración de hidrocarburos. “Claras zonas donde avanza la frontera es en
Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre otras”, precisó Di Risio.
La
actividad petrolera sumó un nuevo cuestionamiento la extracción con la técnica
de "fractura hidráulica" (también llamado “fracking”). El agotamiento
de las reservas hidrocarburíferas llevó al desarrollo de técnicas para explotar
yacimiento “no convencionales”, que se encuentran en una “roca madre”. Es
necesaria la fractura hidráulica, con grandes volúmenes de agua y químicos a
presión que rompen la roca y extraen el hidrocarburo.
El
fracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria. Y en estados de Australia,
Sudáfrica, Canadá, Suiza y Estados Unidos. En Argentina fue prohibido, en los
últimos seis meses, en Cinco Saltos (Río Negro), San Carlos, Tupungato
(Mendoza) y en las entrerrianas Concepción del Uruguay, Colón y Los
Conquistadores.
YPF
presentó el 30 de agosto de 2012 su “Estrategia de gestión 2013-3017” . En la página 51 señala
que “Argentina tiene un enorme potencial de no convencional” e identifica siete
cuencas que involucran a 18 provincias.
La
semana pasada, YPF anunció la firma de un “preacuerdo” con la estadounidense
Chevron, para explotar la formación Vaca Muerta (cuenca neuquina). Y
avanzar también en la exploración de la formación Cacheuta (Mendoza).
Siempre
según datos oficiales (informe “La minería en números”), en 2003 había sólo 40
proyectos mineros en estudio. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012
llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.
Nunca
antes la minería había crecido tanto.
El
jueves 9 de febrero de 2012, en un discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador
minero (que reivindicó la
actividad y cuestionó a los ambientalistas —luego se supo que era un militante
del PJ—) y reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la
minería.
El
viernes 10 de febrero, a las 3.45, la policía de Tucumán desalojó el corte de
Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera.
“En
estos últimos diez años la minería fue uno de los sectores que más creció en
Argentina, como demuestran los proyectos de inversión en ejecución que
totalizan 614, contra los 18 que había en 2003, y una producción de minerales
que se multiplicó por diez”, celebra el cable de la agencia estatal Telam del
19 de mayo pasado. El título es claro: “Década minera. Uno de los sectores que
más creció entre 2003 y 2013” .
Y
cita al secretario de Minería, Jorge Mayoral: “La puesta en marcha del Plan Minero
Nacional (presentado en 2004) dio como resultado un nivel de crecimiento sin
precedentes". Y destacó que la premisa del Gobierno es "profundizar
la visión de considerar a la
Minería como política de Estado”.
Otro
dato de importancia sectorial fue la constitución de la Organización Federal de Estados Mineros
(OFEMI), en 2012, con la participación de las provincias mineras, con el
fin de favorecer el desarrollo regional generando empleos y oportunidades para
pymes de servicios nacionales. Espacio gubernamental-empresario para
impulsar la actividad.
La
megaminería es cuestionada por medio centenar de asambleas cordilleranas que
denuncian al menos cuatro puntos de la actividad: la contaminación ambiental,
el despojo de los recursos naturales (“bienes comunes”), el cambio drástico que
implica la llegada de la megaminería a pueblos y pequeñas ciudades, y falta de
consulta sobre qué futuro desean para los lugares donde viven. No aceptan que
empresarios y políticos decidan, sin escuchar a las poblaciones, la explotación
de yacimientos mineros.
En la
última década, sólo dos ciudades pudieron votar si aceptaban o rechazaban la
megaminería. Esquel (2003) y
Loncopué (Neuquén, 2012). En ambas gano el “no a la mina” por más del 80 por
ciento de los votos. Los gobiernos provinciales han prohibido plebiscitos en
Calingasta (San Juan), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca), y en Famatina y
Chilecito (La Rioja ).
Leyes
En la
última década el Congreso Nacional, con mayoría oficialista, sancionó tres
leyes que pueden leerse como posibles frenos al extractivismo.
En
noviembre de 2006 se sancionó la
Ley 26.160, que frena los procesos judiciales de desalojos de
comunidades indígenas. Y ordena relevar, en tres años, todos los territorios
indígenas.
El
retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley, hasta noviembre de 2013. A casi seis años de
la sanción, hay provincias donde aún no ha comenzado el relevamiento (Neuquén).
La
llamada “ley
de glaciares” fue sancionada
dos veces. Fue aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de
2008. Se interpretaba, de aplicarse, como un virtual freno a la avanzada de la
megaminería. Fue vetada por la
Presidenta el 10 de noviembre. “El veto Barrick”, la bautizó
el funcionario nacional, Enrique Martínez, entonces presidente del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
En
septiembre de 2010 volvió a aprobarse. Llamada formalmente Ley 26.639 de
Presupuestos Mínimos para la
Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Prohíbe
las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas
aledañas, y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado
por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(Ianiglia), que depende del Conicet.
La
norma fue frenada judicialmente por un medida cautelar (por una presentación de
la empresa Barrick Gold en San Juan). Recién en julio de 2012, la Corte Suprema de
Justicia ratificó la vigencia de la ley.
La
norma estableció un plazo de 180 días para la realización del relevamiento.
En
marzo pasado, el Ianiglia difundió una gacetilla con el “primer informe del
Inventario Nacional de Glaciares”. Relevó “cuerpos de hielo” en seis
provincias, donde “se identificaron más de 4 mil glaciares que cubren un área
superior a los 3.700
kilómetros cuadrados”.
El
Ianiglia presentó el trabajo a la
Secretaría de Ambiente de la Nación. Pero nunca hizo
público los informes completos.
A
cinco años de la sanción de la norma, en febrero pasado, Greenpeace, Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe
conjunto en el que —en base a datos oficiales— evaluaron el nivel de
cumplimiento de la Ley
de Bosques. “Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de deforestación anual disminuyó
casi un 20 por ciento (pasó de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas
al año), el mismo sigue siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y
2011 se desmontaron 932.109
hectáreas . Santiago del Estero (399.660), Salta
(222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con
mayor deforestación”, afirman las ONGs.
El
informe, llamado “Ley de Bosques: cinco años con pocos avances”, estima que
desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas .
229.009 hectáreas
por año, 627 hectáreas
por día. 26 hectáreas
por hora. Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008 (1.356.868), en los
últimos nueve años se arrasaron 2.501.912, el equivalente a 124 veces la
superficie de la Ciudad
de Buenos Aires.
Una
ley, nacida de las organizaciones campesinas, fue presentada en noviembre de
2011. Propone frenar los desalojos rurales por cinco años. Aunque fue
presentada por legisladores oficialistas (Frente Transversal y Movimiento
Evita), el proyecto no fue aprobado.
Corporaciones
“No
soy la Presidenta
de las corporaciones”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre
de 2011, en el discurso de reasunción, en el Congreso Nacional.
En
abril de 2009, la
Presidenta recibió en Casa de Gobierno a Peter Munk,
presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El encuentro se
repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del
G20. El veto a la ley de glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto
binacional, con Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas
periodísticas.
El 15
de junio de 2012, en un almuerzo en el Consejo de las Américas(espacio
emblemático del establishment económico estadounidense), la Presidenta anunció:
“Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy
importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque Argentina
hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí
tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa,
el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas,
en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter
transgénico”.
Monsanto
es la mayor corporación del agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado
de semillas (transgénicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de
transgénicas y es uno de los mayores productores de agrotóxicos
Dos
meses después del anunció, en agosto, el Ministro de Agricultura aprobó a Monsanto
una nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”).
Como ya fue mencionado, YPF anunció un “preacuerdo” con la
estadounidense Chevron. Se trata de una de las mayores compañías petroleras del
mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 19.000 millones de dólares por
contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles),
63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de
dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y
campesinos.
Modelo
Horacio
Machado Aráoz es docente de la Universidad Nacional de Catamarca y militante del
Colectivo Sumaj Kawsay (parte de la Asamblea Socioambiental
del NOA -Asanoa-). “Si bien en muchos aspectos y dimensiones esta década pasada
ha significado el avance en la restitución y recuperación de derechos conculcados
y/o vulnerados desde el terrorismo de estado al neoliberalismo de guerra de los
’90, también hay que marcar en esta década se ha abierto también un nuevo ciclo
de violación a los derechos humanos”, afirma Machado Aráoz. Y denuncia: “Los
derechos más elementales de poblaciones fumigadas, intoxicadas a gran escala,
sometidas a voladuras y a la contaminación masiva de sus fuentes de agua, sus
suelos y su atmósfera, poblaciones perseguidas y reprimidas, por policías
provinciales, por la
Gendarmería y por patotas y guardias para-policiales armadas
desde una perversa articulación ’público-privada’ por terratenientes sojeros,
empresarios mineros, petroleros, y caudillos políticos provincianos”.
Araóz,
coautor del libro “15 mitos y realidades de la minería transnacional en
Argentina”, describe que en la última década en las provincias ha crecido el
(término nuevo) “feu-deralismo extractivista”. Explica que los “ingresos” de
las actividades primario-exportadoras han contribuido muy poco a avanzar en la
democratización de las sociedades: "Si bien se han recuperado los niveles
de empleo y se ha reducido la pobreza, también es cierto que ha crecido la
proporción de la población cautiva, sujeta a los mandatos de punteros políticos
que manejan la administración arbitraria de políticas y recursos
asistencialistas”.
Resume
al extractivismo como la “combinación de la depredación de los ecosistemas, la
degradación de las condiciones de salud, y el deterioro y vulneración de
derechos y las condiciones de una democracia sustantiva”.
En
mayo de 2010, una histórica marcha de pueblos indígenas llegó hasta Plaza de
Mayo, en el marco de las celebraciones del “Bicentenario”. Habían marchado
durante una semana en tres columnas (NOA, NEA y Patagonia). Y fueron recibidos
por la Presidenta.
Hubo promesas de nuevas leyes, entrega de radios comunitarias
y fotos protocolares, pero no hubo respuesta sobre la principal demanda de los
pueblos indígenas: el territorio.
Un
año después, se conoció el audio de esa
histórica reunión. La
Presidenta advirtió que priorizará la actividad petrolera por
sobre las comunidades y les pidió ser “inteligentes” para aceptar los avances
de la modernidad.
Fue
la confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petróleo) iba
a tener prioridad por sobre territorio indígena. El discurso de la Presidenta duró 14
minutos y 57 segundos. Llamó en nueve oportunidades a ser “inteligentes” para
negociar y aceptar los cambios. También llamó a ser “realistas” y “sensatos”.
Cuando
la reunión terminaba, de imprevisto, tomó la palabra Paz Argentina Quiroga,
Amta (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San Juan. ”Le pido que tenga
una reflexión en relación a estas cuestiones porque no es sólo un problema de
discriminación, es una deuda histórica que el país de los argentinos que va a
cumplir 200 años todavía tiene (...) Soy capaz de decirle en la cara y
mirándola a los ojos, voy a decirle a usted, tenemos mucha inteligencia. No se
trata sólo de organizarse y ser inteligente cuando tenemos un territorio
avasallado por las trasnacionales”, contestó la referente warpe y, frente a la
misma Presidenta, le aclaró: ”somos un pueblo espiritual y de resistencia.
Hemos resistido pero también necesitamos de un estado nacional y provincial que
ejecute las leyes”.
A
tres años de aquel hecho histórico, la guía espiritual evalúa los diez años de
gobierno kirchnerista: “Esta década unos la dan por ’ganada’ y otros por
’perdida’. Para los pueblos indígenas es una década ensangrentada, llena de
dolor, desalojos y judicialización. Este Gobierno no cesa con sus planes
extractivistas, una muestra es que entrega la cordillera a las multinacionales
mineras. Pero estamos de pie y seguiremos en lucha”.
Un
capítulo aparte debiera escribirse sobre la lucha de la comunidad qom Potae
Napocna Navogoh (La
Primavera ) de Formosa. La sistemática violencia del gobierno de Gildo Insfrán es un símbolo de padecer de los pueblos
originarios de Argentina y de la impunidad de los gobiernos feudales.
Represión
El 9
de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió violentamente enTinogasta (Catamarca)
a hombres, mujeres y niños que cortaban el paso a los camiones de Minera
Alumbrera, símbolo de la megaminería en Argentina. Hubo balazos de goma en
rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos.
En
julio pasado, en Cerro Negro (cruce
de rutas 40 y 60), la policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a
asambleístas que rechazan la megaminería y bloqueaban el paso de camiones de
Minera Alumbrera. En un hecho insólito en democracia, 56 militantes fueron
forzados por la policía a dejar la provincia.
En
noviembre pasado fue el turno de Rawson, donde
patotas promineras, de la Uocra
y punteros políticos golpearon con cadenas y palos a asambleístas en la puerta
de Legislatura.
El
sábado 11 de mayo pasado reprimieron a asambleístas de Famatina (La Rioja ), que resiste el
avance de la megaminería. El miércoles 22 de mayo, la policía de Chaco reprimió
un corte de ruta en Castelli (realizado por comunidades qom y organizaciones
sociales que reclamaban por la forma de distribución de planes sociales). Ayer
nomás, 24 de mayo, fue el turno de comunidades Tonocoté en Santiago del Estero.
Sólo
un puñado de las decenas de represiones de los últimos años.
Y la
judicialización también está presente. Solo en el NOA hay 150 activistas
socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos
Indígenas contabilizó 347 integrantes del Pueblo Mapuche judicializados en Neuquén
por defender el territorio. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(Mocase-VC) precisa que 500 campesinos enfrentan causas judiciales por resistir
los desalojos.
En
los últimos años cinco años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados
como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las
organizaciones sociales). Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de
Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López
(noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de
Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra
(noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012,
lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé —beba de 10
meses— (ambas qom de La
Primavera , Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de
Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera ), Florentín
Díaz (22 de mayo, qom de Chaco).
Tanto
la violencia contra asambleas socioambientales como los asesinatos de
campesinos e indígenas tienen un denominador común: el silencio de la Presidenta.