La Salada en el ojo de la tormenta: la otra escena de la disputa financiera
por Verónica Gago y Diego Sztulwark
Las imágenes de las topadoras casi de
madrugada levantando los fierros flacos que eran el armazón de los casi 7 mil
puestos que bordeaban el Riachuelo y que constituían la parte más precaria de
la feria La Salada, conocida como feria La Ribera, no son sólo un episodio
ordenado por la justicia. Además de la campaña electoral en marcha, que siempre
tiene en la ya famosa feria un lugar de disputa ineludible, hay una
interpretación más que debe yuxtaponerse. En La Salada se juega otra escena de
la disputa financiera, estrechamente vinculada a las especulaciones sobre el
dólar, la capacidad de intervención del Banco Central y la disputa sobre el consumo
popular y las reiteradas amenazas del ajuste que, desde muchos sectores, se
pide a gritos.
Informalidad
y consumo popular
No es casual que la campaña mediática
contra la feria de La Salada ha escalado estas últimas semanas. A las
habituales denuncias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME),
como representante de empresas que se creen desfavorecidas por una competencia
que evade impuestos, se suma ahora, en un año electoral, una ofensiva de mayor
significación política. Para comprender esta combinación de intereses es
necesario situar a La Salada como la saliente más notable de un fenómeno más
general: el hecho que haya sido la informalidad el territorio más apto para la
extensión del consumo popular. Primero, como modo de atravesar y salir de la
crisis; luego, como componente dinámico del posterior crecimiento de la
economía.
Críticos de inspiración muy distinta (que
argumentan en base a la ley o según una cierta idea de la moral) convergen en
el cuestionamiento de este ensamblaje entre economía informal y generalización
del consumo. Esa convergencia tiene un efecto simplificador. Se apunta a
denunciar el carácter ilegal de la feria sin reparar en la enorme eficacia que
ha adquirido para mantener el consumo popular por debajo de los índices de
inflación y las super-ganancias que se juega en la economía legal.
Cuando se repara en la serie de
denuncias publicadas durante las últimas semanas se puede observar, además,
cómo los informes que se difunden desde agencias gubernamentales de los EE.UU
se basan exclusivamente en artículos periodísticos de los medios que luego
amplifican la importancia de tales informes.
Prensa
sobre prensa
El informe del Departamento de Comercio
norteamericano (The Office of the United States Trade Representative “USTR”,
con fecha 5 de marzo de 2015), que incluyó a La Salada en el reporte de los
“mercados notables” (Review of Notorious Markets), está hecho a partir de
información pública y elabora una lista que “resalta una selección de mercados
online y físicos que, según consta, están comprometidos y facilitan piratería
sustancial de derechos de autor (copyright) y falsificación de marcas
registradas”.
El argumento de esta pesquisa se centra
en que estas prácticas “causan pérdidas financieras significativas para
propietarios de derechos y negocios legítimos, socavando ventajas comparativas
cruciales de EEUU en la innovación y la creatividad y en detrimento de los
trabajadores Americanos, y pueden plantear riesgos significativos para la salud
y la seguridad de los consumidores”. Sin embargo, plantea explícitamente que
“la lista no pretende reflejar hallazgos de violaciones legales, ni refleja el
análisis del gobierno de EEUU de la protección de derechos intelectuales (IPR-
Intellectual Property Rights) y del clima de aplicación en los países
involucrados”. El informe, entonces, no produce ninguna información novedosa
que no se hallara ya publicada, no tiene precisiones legales y sólo subraya la
“escala” de los mercados tomando como parámetro las ventajas unilaterales de
Estados Unidos.
La acusación al gobierno argentino
cuando se habla de La Salada dice: “Los vendedores de mercadería falsificada o
robada operan abiertamente, sin restricciones, ya que se sabe que los controles
son pocos y, en el mejor de los casos, solo intermitentes. A pesar de los
reclamos del gobierno de los Estados Unidos y de la Comisión Europea para
abordar la falsificación y la piratería en La Salada, el gobierno de Argentina
tolera la venta de contrabando en el mercado. Los informes de prensa indican
que el dueño del mercado ahora opera un doble mercado online, LaSalada.com.” (disponible
acá
)
Espiral
mediático
Este informe –una vez más: que sólo se
basa en información publicada pero que se replica nuevamente sobre los medios-
motivó una nota del diario La Nación
titulada “EE.UU.
apunta a Cristina por La Salada” (6.3.2015), donde además se hace hincapié en
que la delegación oficial de visita comercial a Angola incluyó a representantes
de la feria en su comitiva.
Una semana después, Clarín reprodujo una nota publicada en el diario El País de España, con el título
“La Salada, el gran mercado negro de Latinoamérica” (14.3.15).
Ya el 26 de enero La Nación le habría
dedicado un editorial cuando La Salada amenazaba con reproducirse, como
“saladita”, en la mismísima avenida Santa Fé (“La Salada, un mal que se
multiplica”). En los últimos días, se puede ver en La Nación la destrucción captada desde un drone, al ritmo de una
guitarra acústica (ver
nota)
Si la impugnación legal apunta a la
evasión de impuestos, la crítica moral, desarrollada no pocas veces bajo el
amparo del denuncialismo de líderes como Gustavo Vera, apunta a las condiciones
bautizadas, también mediáticamente, como “esclavas” al interior de los talleres
textiles; situación que no es para nada exclusiva de La Salada, sino que
compromete a importantes marcas textiles comerciales de alta gama que sumergen
parte de su producción en estos mismos talleres. Pero que quedan generalmente
“a salvo” en los medios cuando se criminaliza a los trabajadores migrantes.
La campaña de descrédito sobre La
Salada ilumina el carácter precario de los dispositivos de inclusión popular en
el consumo, que se extiende a otros rubros y se ramifica por todas las ciudades
del país. Pero no lo hace en función de situar a estos sectores sociales como
la base para nuevos diseños institucionales, capaces de reorientar esta
vitalidad hacia el corazón de la economía nacional, combatiendo los procesos de
mafialización, racismo e ilegalización de contingentes enormes de trabajadores,
sino que emplea el argumento moral y el legalista a favor de una restricción
del consumo de quienes serán más perjudicados por la inflación.
La Salada, China y el dólar blue
Mientras tanto, una nota en el diario El Cronista Comercial del día después
del desalojo en Lomas de Zamora traza un vínculo entre el comercio de La Salada
y el aumento del dólar blue (ver
nota)
El argumento es el siguiente: uno de
los mayores demandantes de dólares proviene de la venta informal. Especulando
sobre la brecha entre dólar oficial y blue, el artículo sostiene que para
disminuirla, “el gobierno entró en guerra con uno de
los principales demandantes: la venta de mercadería ilegal, al desalojar ayer
10.000 puestos de La Salada con topadoras”. La explicación involucra a
China, ya que según los datos de la Fundación ProTejer dedicada al análisis del
sector textil, “el 35% de los containers que llegan de China se pagan de manera
ilegal en puerto, tanto de Buenos Aires como del interior”. De esto se deriva
que un tercio del monto total de las importaciones de productos textiles chinos
(u$s 500 millones) se pagarían con dólar blue. Para este análisis, el
logro de las medidas de Alejandro Vanoli en el BCRA al disminuir la brecha
entre los distintos tipos de cotizaciones tiene un efecto: “la bicicleta
financiera dejó de ser negocio, ahora gran parte está yendo directamente al
‘Colchon Bank’”. Pero los operadores de mesas de dinero que antes compraban lo
que en la jerga llaman “puré” (el ahorro
que se compra para revender), dejan de hacerlo porque, de nuevo, ya no es
negocio especulativo. Eso redunda en que, según esta lógica, habrá menos
billetes puré en oferta para bajar el blue. Bajo esta secuencia, se señala a la
economía informal como la principal perjudicada y sobre la que ahora el
gobierno dirigiría sus cañones.
Este
modelo de intervención estatal que se intenta fundar en el combate a la
ilegalización financiera anuncia una nueva inflexión en el juego entre consumo
y democracia que viene de los años 90, de neoliberalismo duro. Desde la masificación
de la tarjeta de crédito, el consumo a cuota y el endeudamiento a la elevación
a rango constitucional del derecho del consumidor, se profundizó el proceso de
capilarización financiera de lo social.
Durante
la última década, la expansión financiera y de dinámica de bancarización fue
orientada a la extensión del consumo y a las políticas de inclusión. Como parte
de este giro, y de las diputas de poder en el mundo de las finanzas, una eficaz
coordinación de agencias estatales intensificó la persecución a la evasión de
grandes actores financieros. La actual campaña contra la feria de La Salada
esboza la elaboración de un nuevo tiempo político de cara al año electoral: una
nueva inflexión sobre el mundo de las finanzas orientadas a reducir los
ilegalismos del mundo popular a favor exclusivo de ilegalismos de la economía
concentrada, es decir, de una regulación restrictiva del consumo.
La
disputa por los billetes
El economista Federico Sturzenegger
(ex director del Banco Ciudad y actual economista en campaña por el PRO)
escribió una columna de opinión esta misma semana en la que propone que más que
debatir si hay que emitir o no billetes de 500 pesos por la celeridad con que
se consumen los de 100, lo que habría que hacer es directamente eliminar los de
100. El argumento es, de nuevo, contra la economía informal: “el efectivo facilita enormemente las transacciones de
la economía informal. Obviamente, muchas operaciones formales se hacen con
efectivo, pero las informales sólo pueden hacerse con efectivo. Entonces, ¿cual
sería el motivo por el cual querríamos mejorarle la eficiencia a la
informalidad? Es claro que los billetes de mayor denominación harían justamente
eso”. (ver nota)
La
“mala forma” de la economía argentina de la que habló la semana pasada Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para
América Latina, seguramente será parte de la discusión de este fin de semana en
la VII Cumbre de las Américas de este fin de semana en Panamá. Su planteo
fue efectivamente en una reunión preparatoria a este evento y con datos que
extrajo del segundo informe norteamericano que se citó en estos días, titulado
"Proyección nacional de comercio exterior", proveniente de la misma
oficina (USTR) que condena a La Salada.
Lo que está en juego, de modo
inmediato, es la intención de implementar un ajuste económico vía restricción
del consumo. Las denuncias de las condiciones delictivas de la articulación
entre informalidad y consumo popular revelan la precariedad en la que se
sustenta el crecimiento del mercado interno de los últimos años, desafiando
algunos puntos oscuros de la retórica oficial y relanzando la pregunta sobre la
entronización de principios alternativos de economía popular contra el ajuste.