Cordoba, el paro que todos quieren romper // Mariano Pacheco
Panorama del conflicto de transporte
Choferes “voluntarios”, unidades
custodiadas, un sindicato nacional en contra y un intendente que desconoce los
acuerdos: retrato de la huelga de transporte que paraliza a Córdoba.
Apenas dos semanas después de
conmemorarse un nuevo aniversario del Cordobazo, la ciudad de Córdoba amaneció
ayer con una postal que remitía mucho a imágenes de décadas anteriores, cuando
un pujante movimiento obrero permanecía de pie, con figuras como la del gringo
Agustín Tosco y el Negro Atilio López, pero también con fuerzas represivas
tomando el toro por las astas. Es que ayer lunes 12 de junio, poco antes de las
7 de la mañana, comenzaron a circular en la Docta las primeras unidades de
colectivos que la Municipalidad de Córdoba dispuso en medio de un Plan de
Emergencia del Servicio de Transporte, que implicó poner a circular 9 de 72
líneas troncales de colectivos, con unas cien unidades que realizaron los
recorridos sin cobrar boletos y fueron manejadas por choferes convocados la
noche anterior, vía twitter, por la empresa ERSA, una de las cuatro que
funcionan en la ciudad. Un escenario similar a cuando el gobierno de Mauricio
Macri convocó a “voluntarios” para quebrar la huelga docente, con la diferencia
obvia de lo que implica conducir un colectivo (de hecho hubo más de un choque
provocado por estos “colectiveros voluntarios”), amén de que en este caso no
fue sólo una expresión de deseo sino una realidad efectivizada con un predio de
la Fuerza Aérea funcionando como “cabecera de línea” de los colectivos que
circularon todo el día con un gendarme en el primer asiento o efectivos
policiales siguiendo cada unidad.
El séptimo día consecutivo de huelga
de transporte culminó con versiones encontradas, luego de que a las 23.55 horas
el Intendente radical Ramón Mestre (hijo) realizara las siguientes y polémicas
declaraciones ante Cadena 3 Noticias:
“Nosotros la información que tenemos
es a través de los medios de comunicación. No tenemos ninguna notificación por
parte del ministerio de Trabajo. Nosotros queremos que el servicio se vuelva a
restablecer, pero vuelvo a repetir: seguimos instando a los trabajadores para
que dejen de estar en la ilegalidad y vayan a trabajar, porque actúan en forma
individual y en este conflicto quien tiene la representación, la tiene de
manera colectiva, porque es la UTA a nivel nacional, por estar intervenido el
sindicato UTA Córdoba, quien tiene la representación. Nosotros no ponemos en
peligro nada. Si el ministro llega a tomar la determinación de introducir a
aquellos que están con derechos individuales a someterse a una conciliación
obligatoria, yo ya estoy fijando una posición, y es que nosotros no vamos a
permitir que aquello que tiene que ver con las horas no trabajadas, esas no van
a ser abonadas y los trabajadores despedidos han perdido sus trabajos”.
Las declaraciones del intendente
radical-amarillo se produjeron apenas un rato después de que los trabajadores
en huelga hubiesen arribado a un acuerdo con las empresas en el ministerio de
Trabajo de la provincia, en el que se comprometían a retornar a sus puestos de
trabajo, sin que les descontaran los días de paro y se reintegraran a los
empleados despedidos, para seguir discutiendo el trasfondo del conflicto sin la
medida de fuerza de por medio. Ya entrados los primeros minutos de hoy, martes
13 de junio, los trabajadores volvieron a autoconvocarse sobre la calle Vélez
Sarfield (casi esquina San Luis), frente a la Sede Córdoba de la Unión Tranviaria
Automotor (UTA).
Algo más que el salario en juego
La huelga que provocó ya dos
denuncias penales, 88 despidos y dos detenidos comenzó el lunes pasado, luego
de un primer conflicto desatado el viernes, cuando los choferes de colectivos y
las conductoras de trolebuses comenzaron a poner en discusión la paritaria
nacional aprobada por el gremio días atrás. La medida se desató por una
diferencia, no menor, del 11,5% en los aumentos salariales. Los delegados de
base denuncian que para este año solo les corresponde un aumento del 8%, sin
retroactivo, y por eso reclaman que el pago del 21% escalonado en tres cuotas
para el segundo semestre que se acordó con el gobierno sea en un pago, retroactivo
al mes de enero y que sea aplicado a la escala nominal de Córdoba, con lo que
el aumento salarial rondaría así en un 32%.
Desde que Ramón Mestre asumió la
intendencia de la capital provincial, en 2011, a hoy, el boleto de colectivos
aumentó de $2,50 a $12,55. El año pasado, la paritaria nacional cerró en 27%,
mientras que la inflación anual fue del 35%. “El índice inflacionario dice que
en el primer cuatrimestre tenemos el 11% de inflación, entonces por todo el año
tenemos un 33% de inflación y consideramos que un aumento de 8% es una burla y
sentimos que es una provocación”, declaró al respecto Érica Oliva, delegada de
la empresa Tamse trolebuses. A esto debemos sumarle que en septiembre pasado la
Seccional Córdoba de la UTA fue intervenida por la conducción nacional del
gremio, bajo argumento de que no se estaban acatando todas las cláusulas
estatutarias. El saliente secretario general local, Ricrado Salerno, denunció
entonces un “golpe institucional” y desde las esferas nacionales del gremio,
sostuvieron que en un mes, o a lo sumo dos, se normalizaría la situación, cosa
que no ha sucedido hasta el día de hoy. En el medio, delegados de base
comenzaron a tomar cada vez más protagonismo y a denunciar la falta de
democracia sindical. En un proceso muy similar al que desarrollaron en su
momento los denominados “metrodelegados” del subterráneo de Buenos Aires, estos
choferes cordobeses también pusieron en entredicho en estos días la rigidez del
“imperio Fernández”, según denominan muchos trabajadores a los modos en que
Roberto maneja el gremio, quien luego de declarar que “desde Córdoba no nos van
a manejar el sindicato”, firmó un duro comunicado en el cual se expresa –entre
otras cuestiones-- que “de persistir los trabajadores en el incumplimiento al
acatamiento de las directivas de nuestra entidad, quedarán fuera de la
cobertura gremial de UTA, debiendo asumir las consecuencias de su incorrecto
proceder”. Tras solicitar a sus afiliados que “depongan su actitud”, la
conducción nacional de UTA recordó que “solo nuestro sindicato está legitimado
para lograr la reincorporación de los despedidos, el cese de las intimaciones y
la recuperación de los días perdidos” y exigió a los otros gremios y partidos
políticos que se habían solidarizado con la protesta, que desistan su actitud,
ya que consideraron que su accionar estaba “socavando las bases del estado de
derecho y del sistema democrático”.
Este es el contexto de fondo en el
cual se inscribe la huelga de choferes en Córdoba.
Unidad, solidaridad, organización
Con la ausencia de los secretarios
generales pero con la participación activa de los cuerpos orgánicos, los principales
gremios de Córdoba participaron ayer del acto que se realizó frente a la sede
de UTA tras una movilización por las calles de la capital provincial, de la que
también participaron organizaciones y partidos políticos, agrupaciones
estudiantiles y movimientos sociales, entre los que se destacaron la Federación
Universitaria de Córdoba (FUC) y la Federación de Estudiantes Secundarios
(FES); la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); el
sindicato de Luz y Fuerza; el Sindicato Único de Obreros y Empleados
Municipales (SUOEM); la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios
de Córdoba (ADIUC); las dos CTA y el Sindicato único de Recolección de Residuos
y Barrido de Córdoba (SURRBAC), cuyo secretario general, Mauricio Saillén, reclamó
desde el escenario que se realizara un referéndum revocatorio del mandato del
intendente, en contraposición con los dichos de Ramón Mestre, quien había
solicitado realizar una consulta popular para que la población votara sobre la
posibilidad de hacer del transporte un servicio esencial (postura que el
diputado radical, su hermano Diego, también llevó al Congreso de la Nación).
Según el artículo 146 de la Carta
Orgánica Municipal, la Revocatoria “puede ser promovida por no menos del diez
por ciento (10%) del electorado para revocar los mandatos a las autoridades municipales electivas”,
en una elección de carácter obligatorio.
El orden cordobesista contra los
trabajadores
Todas las fuerzas del orden se
posicionaron durante la semana contra la huelga protagonizada por los
trabajadores de UTA: la conducción nacional del gremio; la intendencia de
Cambiemos; la gobernación justicialista; las empresas de transporte; la Cámara
de comercio y los medios hegemónicos de comunicación, que promovieron cada día
una violencia inusitada contra la medida de fuerza, reclamando despidos y
fomentando la violencia social. Todas las fuerzas del orden cordobesista
alzaron su voz y mostraron unanimidad contra este sector de la clase
trabajadora cordobesa, que hoy se debate en torno a un conflicto que comenzó
siendo salarial, y que hoy se ha transformado en el principal elemento de una
crisis política que atraviesa todos los estamentos de gobierno local y
provincial.
[Fuente: Revista Zoom]